El PCHR condena el castigo colectivo en respuesta a la desaparición de tres colonos israelíes

La reciente ola de arrestos, ataques, asesinatos y cierre total de grandes partes de Cisjordania tras la desaparición de tres colonos israelíes es una forma clara de castigo colectivo contra el pueblo palestino. Desde la desaparición de los tres colonos desde el jueves 12 de junio, las fuerzas israelíes han matado a un palestino, Ahmad Sabarin, de 20 años, en el campamento de refugiados Jalazoun, al norte de Ramala y han detenido a unos 200 palestinos en toda Cisjordania. En total, ocho miembros del Consejo Legislativo Palestino (PLC) han sido detenidos desde el 12 de junio, incluyendo el jefe del PLC. Uno de los miembros del PLC ya ha sido puesto en libertad. El 15 de junio tres personas resultaron heridas, entre ellas un niño de ocho años de edad, cuando el ejército israelí voló la entrada de una casa en Hebrón durante una operación de arresto. Además, el 16 de junio de seis palestinos resultaron heridos en Qalandiya, puesto de control cerca de Ramala, incluyendo Yazan Yacoub, de 17 años, quien fue, según informes médicos, disparado en el pecho y el abdomen con una bala, hiriéndolo de gravedad.
Como potencia ocupante, Israel tiene la obligación de llevar a cabo su búsqueda de los colonos en consonancia con sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario (DIH) y el derecho internacional de los derechos humanos (DIDH). El DIDH impone una obligación absoluta a Israel a respetar el derecho a la vida de los palestinos, asegurando que el uso de la fuerza y ​​armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se lleva a cabo de una manera que reduzca al mínimo los daños y lesiones y respeta y preserva la vida humana. El DIDH prohíbe además las injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, hogar y correspondencia y permite a todas las personas el derecho a la libertad ya la seguridad de la persona, lo que exige una base jurídica de cada uno de los arrestos individuales que se están produciendo. Además, todas las personas que son detenidas deben ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad inherente.

Aunque algunas de las medidas llevadas a cabo por las fuerzas israelíes en grandes partes de Cisjordania puede tener un enlace a la investigación sobre las desapariciones, los métodos empleados son indiscriminados en su naturaleza y están socavando los derechos fundamentales de las personas afectadas. Además, estas medidas restrictivas se están llevando a cabo sobre la base de la mera especulación con respecto tanto a la identidad de los responsables de las desapariciones y de su ubicación. Como tales, estas medidas indican la intención de Israel de imponer medidas punitivas contra una gran parte de la población palestina en violación del artículo 33 de la Cuarta Convención de Ginebra que prohíben las represalias contra las personas protegidas y sus bienes, así como los castigos colectivos.

Además, las amenazas del gobierno israelí de expulsar al personal de Hamas de Cisjordania a la Franja de Gaza sobre la base de las acusaciones de que la organización es responsable de la desaparición de los colonos no sólo equivale a un castigo colectivo indiscriminado sino que también viola el artículo 49 de la Cuarta Convención de Ginebra, que prohíbe los traslados forzosos y deportaciones de personas protegidas en territorio ocupado. La violación de esta disposición constituye una infracción grave de los Convenios de Ginebra y, como tal, puede constituir un crimen de guerra en virtud del artículo 8 (2) (a) (vii) del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

El Consejo de Organizaciones de Derechos Humanos Palestino (PHROC), que agrupa a más de 12 organizaciones sociales defensoras de los Derechos Humanos en Palestina, condena la indiferencia de Israel de sus obligaciones en virtud del derecho internacional y su uso de las represalias contra la población palestina en la realización de sus investigaciones sobre los jóvenes desaparecidos. PHROC hace un llamamiento a las Altas Partes Contratantes de los Convenios de Ginebra para defender su obligación de garantizar el respeto de los convenios establecidos con arreglo al artículo 1 común, mediante la adopción de medidas concretas para presionar a Israel para que detenga sus violaciones del derecho internacional.

PHROC condena además la propuesta de ley iniciado por el gobierno israelí para permitir la alimentación forzada de huelguistas de hambre. En la actualidad, hay más de 125 detenidos y presos palestinos en huelga de hambre en protesta contra la práctica ilegal de Israel de la detención administrativa. La alimentación forzada se define como tortura por la Asociación Médica Mundial y ha sido condenada por las Naciones Unidas (ONU), incluyendo por el Relator Especial de la ONU sobre la Tortura. Como tal, el PHROC exhorta a la comunidad internacional a que condene públicamente la ley e inste al gobierno israelí para que la retire. Por otra parte, el PHROC pide a Israel que prestar atención a las demandas de los huelguistas de hambre de poner fin de forma inmediata a la práctica ilegal que supone la figura de la detención administrativa.

Comunicado conjunto del 17 de junio de 2014 del Consejo Palestino de Organizaciones de Derechos Humanos. Ver original aquí: http://www.pchrgaza.org/portal/en/index.php?option=com_content&view=article&id=10410:phroc-condemns-collective-punishment-of-palestinians-in-response-to-the-disappearance-of-three-israeli-settlers&catid=145:in-focus majlis_logo-en

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