La Asociación Al-Quds rechaza la «solución final» para el pueblo palestino propuesta por Trump y Netanyahu

El pasado 29 de enero conocimos el esperado  Peace to prosperity. A vision to improve the lives of the Palestinian and Israeli people (el llamado “Acuerdo del siglo”), concebido y dado a conocer por el gobierno de Estados Unidos, para un supuesto arreglo final del conflicto en Oriente Medio

Este plan que pretende legalizar las conquistas militares y hechos consumados de la ocupación israelí es, a todas luces, un duro golpe a los esfuerzos para lograr una paz justa entre Israel y los palestinos.

Mientras que los Acuerdos de Oslo sacrificaron los derechos humanos y el derecho internacional durante más de un cuarto de siglo, el plan para Oriente Medio del Presidente de los Estados Unidos Donald Trump constituye la destrucción total del derecho internacional y legitima más de 50 años de violaciones del derecho internacional humanitario (DIH) en los territorios palestinos ocupados (TPO) desde 1967, que equivalen a crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. En lugar de hacer referencia a los principios de derecho internacional y a las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), incluyendo las resoluciones del Secretario General de la ONU respaldadas por los Estados Unidos, la Administración de los EE.UU desprecia estos principios y promociona la lógica de la fuerza frente a la verdad y recompensa a Israel por sus crímenes.

En virtud del llamado proceso de paz, Israel siguió apoderándose de trozos de los TPO y creando hechos irreversibles sobre el terreno, triplicando sus planes de expansión de asentamientos; creando una mayoría judía en Jerusalén Oriental ocupada, aislando su población local palestina y forzándola a marcharse de la ciudad; construyendo el muro de anexión; imponiendo el cierre en la Franja de Gaza; amputando las ciudades, los pueblos y los campos de refugiados de Cisjordania con asentamientos, carreteras de circunvalación para colonos y centenares de puntos de control militares.

La ocupación militar Israelí ha conseguido cambiar las características de los TPO, apoderarse de sus recursos y privar a los palestinos de sus derechos inalienables a favor de los colonos israelíes. Israel creó una nueva versión del apartheid, en la cual los colonos disfrutan de privilegios a costa de la población indígena, los palestinos, que es acosada y separada en bantustanes, desprovista de sus derechos garantizados por el derecho internacional y oprimida con la ley y la fuerza bruta impuesta por las fuerzas de ocupación y el gobierno militar.

El plan de Trump legitima todo lo anterior en el nombre de la paz, y mantiene el control de Israel sobre los territorios palestinos, a la vez que lo exime de su responsabilidad hacia la población. A tenor del plan de Trump, los palestinos tendrían un espejismo de Estado con una autonomía limitada y sin integridad geográfica o soberanía sobre sus tierras y recursos. Se trata de institucionalizar el apartheid y brindar un punto y a parte al plan del sionismo de apoderarse de la mayor proporción de tierra entre el mediterráneo y el Jordán con el menor número de palestinos posibles.

Rechazamos con firmeza el plan de Trump, que legítima los crímenes de Israel y priva a los palestinos de sus derechos jurídicos y políticos, y que pone los cimientos para un nuevo tipo de apartheid.  Creemos que la única forma de lograr una paz justa y duradera es mediante el respeto al derecho internacional, incluyendo el DIH (Derecho Internacional Humanitario) y el derecho internacional de los derechos humanos (DIDH), protegiendo los derechos inalienables del pueblo palestino, incluyendo su derecho a la auto-determinación, y poniendo fin a la ocupación militar israelí.

Por lo tanto, hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que defienda y proteja el estado de derecho y apoye los mecanismos de rendición de cuentas internacionales, incluyendo  la Corte Penal Internacional. La comunidad internacional debe tomar medidas firmes contra el plan de Israel, apoyado por la Administración de los Estados Unidos como se evidencia con el plan de paz propuesto por Trump de anexionar el norte del Valle de Jordán y otras partes de Cisjordania.

La Unión Europea no puede, por más tiempo, mantenerse al margen y menos aún dar ningún apoyo a esta iniciativa. Lo contrario supone, de facto, reconocer y avalar la política de “hechos consumados” promovida por Israel y Estados Unidos que no hace sino ahondar en la ocupación y a la violación sistemática de los derechos humanos del pueblo palestino.

El Plan Apartheid de Trump pretende legalizar la ocupación, privar a Palestina de su capital en Jerusalén, negar la justicia para los palestinos y sacrificar a los más de 5 millones de refugiados palestinos con derecho a volver a sus hogares.  Este No Acuerdo, este Robo del Siglo, está basado en una experiencia histórica: la creación de “bantustanes” similar a la Sudáfrica del apartheid. Este Plan del Apartheid pretende institucionalizar esta situación. Normalizarla en el mundo y crear una excepción palestina a las normas internacionales. La imposición del plan abandona el multilateralismo y el diálogo con las víctimas de la ocupación.

Es por ello que exigimos, a la Unión Europea:

  • Su rechazo contundente del Acuerdo del Siglo patrocinado por los Estados Unidos e Israel
  • Activar el artículo 2 del Acuerdo de Asociación entre Israel y la Unión Europea para dejar sin efectos el mismo.
  • Acordar la aplicación de sanciones y desinversiones a Israel por la comisión de graves violaciones de los derechos humanos y aplicar de forma efectiva la responsabilidad de proteger a la sociedad civil palestina.

Al gobierno de España:

  • Reforzar el papel de la Corte Penal Internacional aumentando sus fondos y su respaldo público.
  • Reconocer al Estado de Palestina en las fronteras del 67 como una herramienta para ejercer presión internacional y asegurar jusrisdicción territorial ante los tribunales que pretender juzgar los crímenes de Israel sobre la población palestina
  • Prohibir la entrada de productos israelíes de asentamientos y colonias israelíes en Cisjordania y Jerusalén
  • Impedir la participación de empresas y/o instituciones españolas en proyectos e iniciativas empresariales ligadas con la colonización y la ocupación de Palestina.
  • Recuperar la justicia universal en toda su amplitud para que los tribunales españoles puedan perseguir crímenes de lesa humanidad, guerra y genocidio.

 

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