La muerte de la Justicia Universal

La muerte de la Justicia Universal

El pasado miércoles 12 de Marzo de 2014, el PP aprobó definitivamente en el Senado la reforma de la Justicia Universal, una nueva vuelta de tuerca para consolidar la impunidad de torturadores y genocidas. Se trata de un paso más, de darle el “tiro de gracia” a la, ya de por sí maltrecha, Justicia Universal. Porque no olvidemos que no se trata del primer golpe a la Jurisdicción Universal, ya el gobierno del PSOE en el año 2009 aprobó una vergonzosa reforma, por motivos aún más vergonzosos: al ritmo de lo que dictaba el estado de Israel. JustUniver5En aquel momento, la Audiencia Nacional admitió a trámite una demanda contra siete responsables israelíes por la masacre de Al Daraj (de 2002), por la  matanza de una familia en Gaza en un bombardeo… Y el 19 de mayo de 2009, nos despertamos con la noticia de que el PSOE y el PP se aliaban (sí, una vez más) para recortar la aplicación de la justicia universal. El Ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos prometió cambiar la ley que permite la persecución de crímenes de guerra a la entonces ministra israelí, Tzipi Livni. Poco antes el ministro laborista Barak ya dijo que apelaría al ‘compañero’ Zapatero de su misma Internacional Socialista a cambiar las leyes españolas para que se cerrase esa y todas las posibles demandas que pudieran afectar a la política de estado israelí.

El caso de la matanza en Gaza admitido a trámite por la Audiencia Nacional (documentado por el PCHR, Palestinian Centre for Human Rights, contraparte de la asociación Al Quds) contó con el apoyo económico y la ayuda de organizaciones como Al Quds, así como la inestimable colaboración de abogados expertos en Derecho Internacional como Antonio Segura, autor de la querella  que en aquellos momentos se refirió de esta forma a la reforma perpetrada por el PSOE:

De este modo, cuando afectó a Israel una demanda, el Gobierno español y la mayoría de los diputados se doblegan y dicen que hay que cambiar la actual ley española para no tener que procesar a unos criminales de guerra. Y decimos criminales de guerra porque ni las autoridades israelíes, ni el Fiscal español que se opone a la investigación en la Audiencia Nacional del asunto de la masacre de Al Daraj han argumentado que no lo sean, lo que han dicho es que España no es competente, eludiendo sus responsabilidades. Y como España según las Convenciones de Ginebra, en concreto la cuarta, según el artículo 96.1 de la Constitución, según el artículo 23. 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y según la sentencia del Tribunal Constitucional 327/2003, (caso Guatemala), no puede eludir la aplicación de la Ley sobre esos criminales, y  según las normas emanadas de su propio parlamento es competente, los diputados del PSOE y del PP deciden cambiar la ley para dar impunidad a estos criminales. El asunto es de tal gravedad que si cambiamos el delito al que se le pretende dar impunidad, sería como decir que porque el Ministro de un estado x, ha sido sorprendido traficando con sustancias estupefacientes, los partidos mayoritarios se alían para cambiar la ley sobre el tráfico de drogas, o porque un presidente de una comunidad autónoma se apodera del dinero público en su beneficio, vamos a cambiar el código penal para darle impunidad. Es evidente que ese actuar sería no solo una falta de respeto al parlamento que en su día legisló lo que ahora se intenta recortar, si no y además, y esto es lo importante, sería incluso constitutivo de delito, pues a nadie se le escapa que se está legislando para dar impunidad a delincuentes.

JustUniver6Este jurista se refería también al artículo 451 de nuestro código penal en el que se recoge:

‘Será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años el que, con conocimiento de la comisión de un delito y sin haber intervenido en el mismo como autor o cómplice, interviniere con posterioridad a su ejecución, de alguno de los modos siguientes:

3. Ayudando a los presuntos responsables de un delito a eludir la investigación de la autoridad o de sus agentes, o a sustraerse a su busca o captura, siempre que concurra alguna de las circunstancias siguientes:          1. Que el hecho encubierto sea constitutivo de traición, homicidio del Rey, de cualquiera de sus ascendientes o descendientes, de la Reina consorte o del consorte de la Reina, del Regente o de algún miembro de la Regencia, o del Príncipe heredero de la Corona, genocidio, delito de lesa humanidad, delito contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, rebelión, terrorismo u homicidio.

En aquel momento los diputados del PSOE y PP se comportaban como verdaderos delincuentes pactando dicha reforma de la justicia universal, para no molestar a los genocidas (especialmente cuando son tus aliados…) contribuyendo de forma gravísima al encubrimiento de crímenes contra la humanidad. Ahora el gobierno del PP decide acabar de una vez por todas con la Justicia Universal, tras ver que lo poco que queda de ella todavía puede incomodar a otros aliados: entre otros China, con la orden de detención cursada contra varios líderes en la investigación del genocidio en Tibet), EE.UU. con el caso abierto por el asesinato del cámara José Couso o Marruecos con el genocidio del pueblo saharaui.

JustUniver2Con esta nueva reforma sólo podrá actuar la justicia en el caso de que el acusado sea ciudadano español o extranjero residente en nuestro país, y solo se podrá perseguir el crimen si las víctimas son ciudadanas españolas, por lo que los jueces tendrán muchas dificultades para perseguir aquellos delitos que se cometan fuera de nuestras fronteras. De igual modo, muchos delitos de violencia de género, o tráfico y trata de personas, difícilmente podrán ser perseguidos tras esta nueva reforma.

El Diputado de IU, Gaspar Llamazares, se ha referido a la reforma afirmando que  “el PP busca aprobar una ley de punto final a la justicia universal y de obediencia debida a los mercados, una ley vergonzosa y vergonzante”.

En definitiva, PSOE y PP en poco más de cinco años, han logrado llevar a nuestro país de ser baluarte del Derecho Internacional a convertirlo en gran valedor de la impunidad frente a los crímenes de guerra, genocidios, crímenes de lesa humanidad, torturas o desapariciones.

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