No al TTIP, no al silenciamiento del apoyo a los derechos de Palestina

La Asociación Al-Quds de Solidaridad con los Pueblos del Mundo Árabe se suma a este manifiesto lanzado desde la organización War on Want al que ya se han adherido miles de organizaciones por todo el mundo. Así, las entidades firmantes se oponen a las peligrosas negociaciones del Tratado de Libre Comercio (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP) y los alusivos intentos de algunos políticos de los EE. UU. de usar el sistema del TTIP para restringir la libertad de expresión política y las campañas en solidaridad con la lucha por la libertad, la justicia y la igualdad del pueblo palestino.

El TTIP, que actualmente se está negociando entre la UE y los EE. UU., sufrirá una inaudita transferencia de poder hacia intereses conjuntos y representa un grave ataque a la democracia, los principios sociales, los derechos de trabajadores y las regulaciones ambientales. Este tratado ocasionaría una privatización y fragmentación de servicios públicos irreversibles y socavaría gravemente las medidas de protección ambiental.

Igual de preocupantes son la confidencialidad y la falta de democracia que son las principales características de estas negociaciones, así como la propuesta de los mecanismos de Resolución de Conflictos entre Inversores y Estados (RCIE) que permitiría que las corporaciones multinacionales puedan denunciar gobiernos dentro de un sistema judicial paralelo reservado exclusivamente para ellas.Logo#YoNOcomproApartheid

Como organizaciones que se oponen a cualquier tratado de comercio entre la UE y los EE. UU. que no atienda a los intereses públicos, estamos alarmados por la introducción de la legislación en el Congreso de los EE. UU. que, si fuese aprobada, usaría el TTIP para tomar medidas drásticas contra campañas de los derechos humanos que estén en solidaridad con el pueblo palestino.

La ley de Fomento Mercantil entre EE. UU. e Israel, que se presentó al Congreso el 10 de febrero del 2015, implicaría que cualquier acuerdo comercial entre la UE y los EE. UU. esté condicionado a la contención de la UE y de sus miembros de cualquier acción contra los asentamientos ilegales israelíes y la ocupación del territorio palestino.

Según los términos de la propuesta ley, los gobiernos europeos se verían obligados a controlar y rechazar a los gobiernos, empresas y campañas de sociedad civil que estén involucrados en boicots, divergencias u otras formas no violentas de coacción y que pretendan responsabilizar a Israel de sus constantes ocupaciones y violaciones de derechos internacionales.

Esta ley está tratando explícitamente de proteger los asentamientos ilegales de Israel de las medidas de responsabilidad, a pesar de que EE. UU. y la ONU consideren los asentamientos israelíes ilegales según el derecho internacional. Esta propuesta ha desencadenado además otras intervenciones legislativas en los EE. UU.; estas comprenden una enmienda que se incluyó en el proyecto de ley de Autoridad de Promoción Comercial que se aprobó por el comité de Finanzas del Senado el 23 de abril de 2015, y que trata de otorgarle al Presidente Obama la autoridad del fast track («por la vía rápida») en las negociaciones comerciales.

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La propuesta de esta legislación es una objeción al creciente éxito de las campañas de solidaridad palestinas en Europa y en EE.UU. Si se aprobara, esta ley exigiría a la UE que invirtiera las medidas que ya había tomado pues cumplía con sus obligaciones según el derecho internacional. Las medidas incluían ponerle fin al trato preferencial a las exportaciones procedentes de los asentamientos ilegales israelíes en la Cisjordania ocupada e implantar directrices que impidan que los fondos públicos sean otorgados a tales asentamientos.

La UE había tomado medidas también para advertirles a las empresas de que no se relacionaran económicamente con asentamientos israelíes ilegales; los principales bancos europeos se han despojado de los bancos y las corporaciones israelíes debido a su complicidad en las violaciones del derecho internacional, mientras que unas de las mayores empresas europeas como G4S y Veolia están siendo responsabilizadas de su participación en la infraestructura de la ocupación israelí de la tierra de Palestina.

Tras el ataque de Israel a la Franja de Gaza en 2014 ―que mató a más de 2 200 personas e incluyó ataques deliberados sobre civiles que se sumaron a los crímenes de guerra según la ONU y otros organismos― personas de todo el mundo salieron a la calle para manifestar su apoyo en la lucha de los palestinos por la libertad, la justicia y la igualdad. No aceptaremos ninguna legislación que pretenda silenciar estas manifestaciones de solidaridad.

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